LA MOCHILA...

LEIDO EN LA VANGUARDIA...

El pleno de la Diputación de Barcelona del pasado mes de septiembre acordó incoar un expediente de revisión de un decreto de la presidencia de la institución del año 2004. El asunto, que figuraba en el punto diez del orden del día y que fue aprobado por todos los grupos, salvo el PSC, aparentaba ser un trámite de lo más anodino. Sin embargo, lleva camino de convertirse en un escándalo político.

El expediente implica la revisión del sistema de complementos salariales con los que la Diputación blindaba desde el 2004 los sueldos de los altos cargos empleados en esta administración. Un sistema que podría incurrir en diversas ilegalidades que ahora está estudiando la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Se trata de un asunto muy delicado, porque, una vez puesta en marcha la revisión, nadie sabe a ciencia cierta cómo acabará y a quién puede afectar.

En síntesis, desde el 2004 y en virtud de un decreto de la presidencia, que entonces ocupaba José Montilla, todos los trabajadores de la Diputación y sus organismos autónomos que cesaban en alguna responsabilidad pero seguían en nómina de la casa mantenían catorce pagas de su anterior salario, tanto si ascendían como si bajaban de categoría. A lo largo de los diez años, el complemento iba disminuyendo un diez por ciento cada año. Esta medida, conocida popularmente como la mochila, se ha seguido aplicando, con una ligera modificación realizada en el 2008, cuando el presidente era Celestino Corbacho, hasta que a finales del pasado mes de julio, el nuevo presidente de la Diputación, el convergente Salvador Esteve, decidió no seguir aplicándola y retener la cuantía de estas retribuciones complementarias hasta que se verifique su legalidad. El mismo decreto firmado por el presidente acordó llevar el asunto al pleno para abrir el expediente. La cuantía de estas retribuciones y el número de personas que se beneficiaban de ellas no se conoce, pero, con toda seguridad se trata de una cifra muy importante.

La nueva presidencia de la Diputación, que no ha querido hacer ningún comentario sobre el citado decreto, encargó, según ha podido saber La Vanguardia, un informe a los servicios jurídicos del que se desprende que los citados complementos podrían ser ilegales por diversos motivos, a saber: en primer lugar, porque fueron adoptados por la presidencia de la Diputación cuando el órgano competente era el pleno; en segundo lugar, porque se trata de unas retribuciones que escapan al marco legal de las administraciones locales del que la Diputación no podía desentenderse por su cuenta y riesgo.

El informe llega a sugerir que estos complementos podrían ser pagos realizados indebidamente. La mochila puede ser mucho más pesada de lo que creían quienes la llevaban a cuestas.

DE PENA...